
Nuestra propuesta programática para los venezolanos tiene su acento en la superación de la pobreza, en la elevación de condiciones y calidad de vida, que brinde mayores y mejores espacios democráticos, sistema de seguridad social y atención de salud pública, educación de calidad para todos, empleo, oportunidades de realización y superación para la juventud, salarios dignos, vivienda y seguridad ciudadana.
Vamos a la acción política a encontrarnos con las organizaciones de base del pueblo venezolano, a la movilización en defensa y conquista de sus reivindicaciones, para generar espacios de coincidencia en la promoción de sus luchas y el impulso de liderazgos emergentes, respetando su autonomía e independencia.
Construir una sociedad con justicia social, democracia política y participación popular pasa por realizar en Venezuela un cambio radical en democracia, orientado a redefinir su rasgo esencial: su carácter de petro-estado. La ineficiencia congénita del Estado venezolano, su escasa vocación para establecer una relación no autoritaria con la sociedad, su incapacidad para sostener políticas de largo aliento y su renuencia a presentar cuentas ante los ciudadanos provienen de que en Venezuela el Estado (y, concretamente quien lo dirige, el Gobierno) no está obligado a ser exitoso y responsable, porque –aunque se equivoque una y otra vez- siempre tendrá a mano los ingresos de la factura petrolera para seguir financiando su ineficiencia y su autoritarismo.
Teniendo esto claro, marcamos distancia con quienes desde una óptica liberal han manifestado que la solución al petro-estado consiste en privatizar el negocio petrolero a través de diversas modalidades, pues estas tesis olvidan el principio de la solidaridad y la responsabilidad intergeneracional, es decir: la solución al petro-estado no es que los venezolanos del presente “inviertan” (unos) o “se coman” (otros) el petróleo “porque es suyo”. Se trata de que todos los venezolanos del presente y del futuro puedan disfrutar de educación y seguridad social, gracias al manejo adecuado y proactivo de una riqueza que es de la sociedad.
Es clara la necesidad de realizar un auténtico cambio radical en democracia en el Estado y la sociedad venezolanas, cambio que estará determinada por un hecho sencillo en su enunciado, pero de unas consecuencias políticas, sociales e institucionales inmensas: proponemos crear y poner en funcionamiento mecanismos institucionales, jurídicos, financieros y de control social que garanticen que el dinero del petróleo vaya directo a financiar la educación y la seguridad social de la población, garantizando que los gobiernos de turno no puedan tocar ni un solo centavo del ingreso nacional por concepto de hidrocarburos. De esta forma, los venezolanos tendrán no sólo el “derecho” sino la posibilidad real de contar con viviendas, hospitales, clínicas, escuelas, liceos y universidades del primer mundo, con seguro de desempleo y con pensiones dignas, mientras la sociedad tendrá que vivir de su trabajo... y el Estado tendrá que vivir de la sociedad, de los impuestos de los ciudadanos.
Como consecuencia de este cambio radical en democracia, no tendremos -como hasta ahora- un Gobierno rico, una economía mediatizada y un pueblo pobre, sino que tendremos a un pueblo educado, saludable y con garantías básicas para una existencia digna; tendremos una economía y una sociedad obligadas a ser eficientes y exitosas, y tendremos finalmente a un Estado y a unos gobiernos que dependerán de los ciudadanos, pues vivirán exclusivamente del dinero que los ciudadanos paguen a través de sus impuestos, y por ello los gobiernos estarán obligados a rendir cuenta ante la ciudadanía y, en consecuencia, a desarrollar gestión y tener resultados.
Venezuela tiene la necesidad de hacer este cambio radical en democracia, pues tenemos a un pueblo en la miseria y a una clase media coartada en su capacidad para el desarrollo de iniciativas por la existencia de un Estado y un gobierno ineficiente y autoritario. Venezuela tiene además los recursos para hacerlo, pues por lo menos hasta el año 2.050 no esta previsto en el mundo el desarrollo comercial de fuentes de energía alternativas al petróleo. Y, sobre todo, Venezuela ha pagado ya un precio altísimo por no hacer este cambio radical que proponemos, pues la ineficiencia y la corrupción, no son sino el resultado de lo que alguna vez el experto petrolero venezolano que fundó la OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonzo, llamó el “Efecto Venezuela”, que consiste en padecer a un Gobierno y un Estado ricos sin necesidad de ser eficientes, en medio de un pueblo pobre aunque sea trabajador, de una economía mediatizada pudiendo ser exitosa y de un conjunto social reducido a la condición de rebaño clientelar, en vez de ser protagonista real de su vida. Eso es lo que vamos a cambiar.
Para nosotros, la salida es HACIA ADELANTE, hacia la construcción de una NUEVA DEMOCRACIA, una nueva experiencia democrática que una los valores republicanos de la separación de poderes, alternabilidad democrática, funcionamiento de las instituciones y vigencia del Estado de Derecho, con la sensibilidad social necesaria para colocar el combate a la pobreza en el centro de la acción del Estado y de la sociedad, y con el compromiso político indispensable para asumir la participación popular y el protagonismo social no como consignas o coartadas, sino como realidades que el Estado en vez de contener, secuestrar o “tolerar”, debe respetar, impulsar y fortalecer.
Construir el cambio con la gente y no “para” la gente, pasa por hacer protagonistas del cambio a ese 80 % de venezolanas y venezolanos que se debaten entre la pobreza a secas y la miseria atroz.
Vamos a la acción política a encontrarnos con las organizaciones de base del pueblo venezolano, a la movilización en defensa y conquista de sus reivindicaciones, para generar espacios de coincidencia en la promoción de sus luchas y el impulso de liderazgos emergentes, respetando su autonomía e independencia.
Construir una sociedad con justicia social, democracia política y participación popular pasa por realizar en Venezuela un cambio radical en democracia, orientado a redefinir su rasgo esencial: su carácter de petro-estado. La ineficiencia congénita del Estado venezolano, su escasa vocación para establecer una relación no autoritaria con la sociedad, su incapacidad para sostener políticas de largo aliento y su renuencia a presentar cuentas ante los ciudadanos provienen de que en Venezuela el Estado (y, concretamente quien lo dirige, el Gobierno) no está obligado a ser exitoso y responsable, porque –aunque se equivoque una y otra vez- siempre tendrá a mano los ingresos de la factura petrolera para seguir financiando su ineficiencia y su autoritarismo.
Teniendo esto claro, marcamos distancia con quienes desde una óptica liberal han manifestado que la solución al petro-estado consiste en privatizar el negocio petrolero a través de diversas modalidades, pues estas tesis olvidan el principio de la solidaridad y la responsabilidad intergeneracional, es decir: la solución al petro-estado no es que los venezolanos del presente “inviertan” (unos) o “se coman” (otros) el petróleo “porque es suyo”. Se trata de que todos los venezolanos del presente y del futuro puedan disfrutar de educación y seguridad social, gracias al manejo adecuado y proactivo de una riqueza que es de la sociedad.
Es clara la necesidad de realizar un auténtico cambio radical en democracia en el Estado y la sociedad venezolanas, cambio que estará determinada por un hecho sencillo en su enunciado, pero de unas consecuencias políticas, sociales e institucionales inmensas: proponemos crear y poner en funcionamiento mecanismos institucionales, jurídicos, financieros y de control social que garanticen que el dinero del petróleo vaya directo a financiar la educación y la seguridad social de la población, garantizando que los gobiernos de turno no puedan tocar ni un solo centavo del ingreso nacional por concepto de hidrocarburos. De esta forma, los venezolanos tendrán no sólo el “derecho” sino la posibilidad real de contar con viviendas, hospitales, clínicas, escuelas, liceos y universidades del primer mundo, con seguro de desempleo y con pensiones dignas, mientras la sociedad tendrá que vivir de su trabajo... y el Estado tendrá que vivir de la sociedad, de los impuestos de los ciudadanos.
Como consecuencia de este cambio radical en democracia, no tendremos -como hasta ahora- un Gobierno rico, una economía mediatizada y un pueblo pobre, sino que tendremos a un pueblo educado, saludable y con garantías básicas para una existencia digna; tendremos una economía y una sociedad obligadas a ser eficientes y exitosas, y tendremos finalmente a un Estado y a unos gobiernos que dependerán de los ciudadanos, pues vivirán exclusivamente del dinero que los ciudadanos paguen a través de sus impuestos, y por ello los gobiernos estarán obligados a rendir cuenta ante la ciudadanía y, en consecuencia, a desarrollar gestión y tener resultados.
Venezuela tiene la necesidad de hacer este cambio radical en democracia, pues tenemos a un pueblo en la miseria y a una clase media coartada en su capacidad para el desarrollo de iniciativas por la existencia de un Estado y un gobierno ineficiente y autoritario. Venezuela tiene además los recursos para hacerlo, pues por lo menos hasta el año 2.050 no esta previsto en el mundo el desarrollo comercial de fuentes de energía alternativas al petróleo. Y, sobre todo, Venezuela ha pagado ya un precio altísimo por no hacer este cambio radical que proponemos, pues la ineficiencia y la corrupción, no son sino el resultado de lo que alguna vez el experto petrolero venezolano que fundó la OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonzo, llamó el “Efecto Venezuela”, que consiste en padecer a un Gobierno y un Estado ricos sin necesidad de ser eficientes, en medio de un pueblo pobre aunque sea trabajador, de una economía mediatizada pudiendo ser exitosa y de un conjunto social reducido a la condición de rebaño clientelar, en vez de ser protagonista real de su vida. Eso es lo que vamos a cambiar.
Para nosotros, la salida es HACIA ADELANTE, hacia la construcción de una NUEVA DEMOCRACIA, una nueva experiencia democrática que una los valores republicanos de la separación de poderes, alternabilidad democrática, funcionamiento de las instituciones y vigencia del Estado de Derecho, con la sensibilidad social necesaria para colocar el combate a la pobreza en el centro de la acción del Estado y de la sociedad, y con el compromiso político indispensable para asumir la participación popular y el protagonismo social no como consignas o coartadas, sino como realidades que el Estado en vez de contener, secuestrar o “tolerar”, debe respetar, impulsar y fortalecer.
Construir el cambio con la gente y no “para” la gente, pasa por hacer protagonistas del cambio a ese 80 % de venezolanas y venezolanos que se debaten entre la pobreza a secas y la miseria atroz.